Lo sucedido tras el incendio de la tarimera al norte de la ciudad no solo dejó pérdidas materiales, también dejó al descubierto la forma en que la autoridad reacciona cuando ya es demasiado tarde. El titular de Protección Civil Municipal, Iván Rivera, ha salido a informar que se encuentra en la búsqueda del propietario para fincarle responsabilidades y aplicar sanciones, como si el afectado fuera ahora el principal culpable. Resulta difícil no cuestionar esta postura cuando se trata de alguien que perdió su patrimonio en el siniestro y que ahora, además, enfrenta la presión de una autoridad que parece más interesada en castigar que en asumir su parte.
Porque si hoy se habla de revisar si había extintores, sistemas de seguridad o programas internos, la pregunta obligada es: ¿dónde estaba esa supervisión antes del incendio? La propia dependencia encabezada por Rivera debió conocer el estatus del negocio a través de permisos, inspecciones y registros municipales. Y si ahora ni siquiera tienen claro quién es el propietario, el problema es aún más grave: evidencia un desorden administrativo que también recae en el municipio. Lo que vemos no es solo una reacción tardía, sino un intento por deslindarse y cargar la culpa a quien ya lo perdió todo, confirmando una preocupante falta de capacidad y prevención en la autoridad.
Muy sonriente y al lado de la gobernadora Maru Campos se le vio al Cabrito Alan Falomir, que despacha como director de la JMAS Chihuahua, este fin de semana.
Y no es para menos. Los enterados dicen que ya está considerado y con piso parejo para contender como aspirante a la Alcaldía de la capital, y ahora sí meterá el acelerador a fondo para dar el sorpresón a los más adelantados.
A Alan le arrastran años en campañas coordinadas, desde sus años de juvenil en el PAN, dos candidaturas, una en 2015 y la que ganó en el 2018, así que conocimiento entre la raza lo trae y no dudará en echar todo el cabrito al asador.
La manifestación de ejidatarios en la zona donde se construye el paso superior de avenida Fuerza Aérea y carretera a Aldama no es un hecho aislado ni menor. Es, más bien, una advertencia temprana de lo que puede convertirse en una tormenta perfecta para la administración municipal de Chihuahua.
El puente, que ya registra avances cercanos al 40 por ciento y forma parte de un paquete de obras viales estratégicas para desahogar el tráfico en la ciudad, representa una inversión superior a los 148 millones de pesos y beneficiaría a miles de automovilistas que diariamente utilizan este cruce conflictivo.
Sin embargo, en Chihuahua —como en muchas otras partes del país— las obras públicas no solo se enfrentan al concreto, la ingeniería o la logística: también se enfrentan a la política, a los intereses agrarios y, en no pocas ocasiones, a actores que ven en la inconformidad social una oportunidad para golpear a la autoridad en turno.
Lo ocurrido con los ejidatarios es una señal de alerta que el Municipio no puede minimizar. Las obras avanzan, sí, pero la gobernabilidad no se construye únicamente con varilla y cemento. Si no hay acuerdos sólidos, indemnizaciones claras y una estrategia de contención social y política, cualquier proyecto —por más necesario que sea— puede detenerse de un día para otro.
Y aquí es donde la administración municipal parece caminar en una cuerda floja.
Porque el puente de Fuerza Aérea no es la única obra en curso. También están en proceso el paso superior de Los Nogales e Industrias y la gaza de incorporación entre Teófilo Borunda y Periférico de la Juventud, proyectos que forman parte de la apuesta del gobierno local por modernizar la movilidad urbana.
El problema es que todas esas obras comparten un riesgo: si se permite que los conflictos sociales escalen o se politicen, cualquiera de ellas puede convertirse en rehén de bloqueos, amparos o presiones públicas. Y eso no sería solamente un problema de infraestructura; sería un fracaso político de grandes dimensiones.
Porque detener una obra de este tipo no solo implica retrasos y sobrecostos. Implica enviar el mensaje de que el gobierno municipal no tiene el control territorial ni la capacidad de negociar con los sectores sociales afectados. En una administración que ha apostado gran parte de su narrativa a la obra pública y la modernización de la ciudad, un escenario así sería devastador.
Lo más delicado es que, en el contexto actual, es ingenuo pensar que estos conflictos son únicamente técnicos o legales. Chihuahua vive una competencia política intensa, y cualquier tropiezo del Ayuntamiento es rápidamente aprovechado por adversarios que buscan debilitarlo rumbo a los próximos procesos electorales. En ese terreno, una obra detenida vale más que cien discursos.
Por eso, el verdadero reto del Municipio no es solo terminar los puentes: es terminarlos sin que se conviertan en campos de batalla política. Y para lograrlo, necesita algo más que maquinaria pesada; necesita diálogo temprano, acuerdos firmados y una estrategia preventiva que identifique conflictos antes de que estallen frente a las cámaras y los teléfonos celulares.
Si el Ayuntamiento no entiende la dimensión política de estos proyectos y no se adelanta a los conflictos, podría encontrarse en pocos meses con un escenario crítico: frentes abiertos con ejidatarios, presiones mediáticas, costos disparados y obras detenidas. En ese punto, la narrativa de modernización se transformaría en la de improvisación.
Chihuahua necesita infraestructura. Nadie discute eso. Pero también necesita gobiernos que sepan que cada metro de concreto que se vierte sobre suelo ejidal es, al mismo tiempo, una negociación social y una apuesta política.
Y en esa partida, el Municipio no puede darse el lujo de perder.
About the Author
