Más rápido que un rayo apareció la solicitud para la marcha de Morena de este sábado contra la Ejecutiva. Y es que mientras el subsecretario de Movilidad, César Komaba Quezada, aseguraba que todavía no existía petición formal para apoyo vial, del otro lado los morenistas sostenían que los oficios ya habían sido entregados con anticipación, dejando a Komaba como un mentiroso. El asunto no tardó en enredarse solo: salió la nota oficial y entonces vino la corrección. Siempre sí habían llegado los documentos. Casualidades administrativas, dirían algunos.
Lo curioso es que, pese a reconocer la existencia de la solicitud, Komaba señaló que aún desconoce cuántos elementos serán destinados al operativo porque no sabe cuánta gente asistirá a la movilización. Y ahí es donde empieza el ruido. Porque entonces queda la duda de si en todas las marchas se exige tener calculado el número exacto de participantes para definir la logística o si esta vez el criterio anda marchando distinto.
El Gobierno Municipal de Chihuahua volvió a demostrar que lo suyo, además de la eficiencia presumida, es la creatividad involuntaria. Ahora, desde Comunicación Social, decidieron hacer una pequeña actualización histórica y rebautizar el emblemático edificio Eloy S. Vallina como “Eloy S. Vallia”. Así, sin pena, sin corrector y, al parecer, sin una segunda leída.
El detalle apareció no una, sino dos veces dentro de un boletín enviado al grupo de prensa de WhatsApp del Municipio sobre actividades de Gobierno Abierto. Porque si algo quedó abierto, fue la puerta al error ortográfico.
La ironía viene incluida en el paquete: el comunicado hablaba precisamente de participación ciudadana, transparencia y modernización gubernamental. Todo muy siglo XXI… salvo la parte de revisar un texto antes de presionar “enviar”.
Y ojo, aquí nadie está crucificando a nadie por una letra mal puesta. Errores tenemos todos, hasta el más obsesivo con la gramática se ha comido una tilde alguna vez. El problema no es el resbalón: el problema es la maquila.
Porque este tipo de gazapos exhiben algo que en el gremio periodístico ya se comenta desde hace tiempo: boletines hechos con prisa, enviados al vapor y aparentemente revisados con la misma atención con la que uno acepta términos y condiciones en internet.
Lo más curioso es que el apellido mal escrito no pertenece a un desconocido. Se trata de Vallina, nombre de uno de los empresarios más importantes en la historia de Chihuahua y, además, de un edificio municipal donde el propio Ayuntamiento realiza eventos. Es decir, ni siquiera era necesario hacer una investigación detectivesca: bastaba con mirar el nombre del inmueble.
Pero no, el apellido sufrió una especie de privatización ortográfica y terminó convertido en “Vallia”, quizá víctima del autocorrector, del cansancio laboral o del espíritu libre de algún boletinero exprés.
Aquí es donde entra otro dato simpático: cuando hay datos imprecisos, el Municipio suele mandar fe de erratas, algo perfectamente correcto y profesional. Solo que en esta ocasión ni siquiera hacía falta tanto protocolo. Bastaba borrar el mensaje de WhatsApp, corregir el apellido y reenviarlo. Drama evitado. Crisis resuelta. Final feliz.
Pero parece que entre tanta productividad institucional no alcanzó el tiempo para una releída de 30 segundos.
Y es que el Municipio presume —con insistencia de influencer motivacional— que las cosas se hacen muy bien. Entonces uno supondría que dentro de esa excelencia también cabría un pequeño lujo revolucionario: corregir ortografía y gramática antes de mandar boletines oficiales.
Porque sí, Chihuahua merece Gobierno Abierto. Pero no tan abierto que se le salgan las letras.
Menos maquilar boletines y más calidad, por favor.
Vaya manera tan creativa de reinventar al PRI. Cuando uno pensaba que el tricolor andaba en terapia intensiva tratando de reencontrarse con su militancia, resulta que en el Comité Municipal de Chihuahua alguien decidió que lo mejor era copiar el manual de las peores mañas que tanto critican. Porque si algo dejó claro el anuncio del registro de “Defensores de México”, es que algunos ya le agarraron gusto al “estilo 4T”, pero sin la austeridad, claro.
Y es que cuentan las malas lenguas —esas que casi nunca se equivocan— que el dirigente municipal, el joven maravilla Pedro Beristain, no solo pidió entusiasmo partidista, no. Eso sería demasiado sencillo. Aquí la cosa fue con metas, requisitos y hasta cuota casi de kermés política: llevar al menos 10 personas registradas, con todo y papelería digna de trámite migratorio internacional —INE, CURP, acta, fotos y casi hasta el ADN—, pero además, desembolsar 500 pesitos por cabeza.
Sí, leyó bien: quinientos pesos. Porque al parecer, ahora para defender a México primero hay que defender la caja chica del evento.
Dicen algunos priistas inconformes, de esos que todavía recuerdan cuando el partido al menos fingía tener orden, que la brillante idea vino porque aunque el registro lo impulsa el PRI estatal, el dirigente municipal quiso ponerse la medalla y convertir las oficinas municipales en “el gran escenario” del acontecimiento. Y claro, cuando uno quiere reflectores, pues alguien tiene que pagar el sonido, las copias, el agua, los insumos y quizá hasta el ego.
La pregunta no es menor: ¿desde cuándo poner la sede partidista incluye pasar el sombrero? Porque si la dirigencia municipal ya no puede costear gastos operativos básicos sin pedir cooperacha obligatoria, entonces alguien debería empezar a revisar si el problema es financiero… o administrativo.
Más curioso todavía es el discurso. Porque mientras el PRI pasa horas enteras acusando a Morena de las “aportaciones voluntariamente obligatorias”, resulta que acá apareció una versión tropicalizada del mismo modelo: el militante pone gente, pone papeles y además pone dinero. Ya nada más faltó rifar una licuadora entre los asistentes para completar el cuadro.
Pero quizá el trasfondo sea otro. En política nadie da paso sin huarache y más de uno interpreta este episodio como un intento apresurado de lucimiento personal. Que el dirigente municipal quiere reflectores, dicen. Que quiere verse más grande de lo que políticamente hoy es. Que busca construir narrativa propia. El detalle es que una cosa es querer brillar y otra muy distinta es querer opacar a figuras con kilometraje político real.
Porque, seamos serios, querer jugar en la misma cancha que el diputado local del PRI, Alex Domínguez, nomás porque se organizó un registro con bocina rentada y militantes patrocinadores, es como querer correr Fórmula 1 apenas aprendiendo a usar bicicleta con rueditas.
La política priista —para bien o para mal— tiene sus códigos, sus formas y sus jerarquías. Y si algo no ayuda en tiempos donde el partido pelea por no volverse pieza de museo, es que sus cuadros jóvenes anden inventando cuotas disfrazadas de logística o experimentando con fórmulas calcadas de aquello que tanto dicen combatir.
Porque si el PRI va a copiarle cosas a Morena, por lo menos que no empiece por las más cuestionadas.
Y cuidado: cuando la militancia empieza a sentir que además de poner el voto tiene que poner la cartera, la lealtad dura menos que un discurso de campaña.
La indignación crece en torno a un caso que exhibe, una vez más, el presunto abuso de poder y las redes de influencia que operarían dentro del sistema judicial en Chihuahua. Familiares y personas cercanas a una mujer de la tercera edad denunciaron públicamente que habría sido desalojada y despojada de su vivienda en medio de un conflicto familiar donde señalan directamente a su hija, a su ex esposo Juan Francisco, así como a sus nietos Esteban y Emiliano, quienes presuntamente habrían actuado en conjunto con el abogado Carlos Fernando Rivera, identificado además como catedrático de la URN y la UACH. La acusación es grave, pues sostienen que la adulta mayor quedó en estado de vulnerabilidad, necesidad y prácticamente en la calle tras perder el patrimonio donde vivía.
Pero el señalamiento no termina ahí. Quienes hicieron pública la denuncia aseguran que detrás del caso existiría un entramado de influencias y presuntas irregularidades dentro del Tribunal del Estado de Chihuahua, acusando incluso que jueces habrían sido favorecidos para permitir el desalojo y dejar en completa indefensión a la mujer. El mensaje fue contundente: responsabilizan públicamente a todos los involucrados por cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad física o la vida de la adulta mayor. El caso comienza a generar ruido político y social, especialmente por la mención de personajes ligados al ámbito académico y jurídico del estado, en un contexto donde cada vez son más frecuentes las denuncias ciudadanas sobre abusos legales contra personas vulnerables.
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