Un juez federal en Chihuahua ha desatado la furia de las autoridades estatales al intentar secuestrar de manera irregular la investigación penal contra el ex gobernador Javier Corral, acusado de peculado por el desfalco de más de 98 millones de pesos de fondos públicos. Esta maniobra desesperada, que viola protocolos básicos de notificación, busca dilatar el proceso y proteger al controvertido político panista, quien ha evadido la justicia desde que dejó el cargo en 2021. Expertos legales advierten que esta jugada podría invalidar todo el expediente, dejando en la impunidad a uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del estado norteño.
La estratagema del magistrado federal se basa en una solicitud de amparo presentada por el propio Corral, quien alega persecución política orquestada por la actual administración de la gobernadora Maru Campos. Sin embargo, el intento de atraer la competencia federal falla estrepitosamente porque el juzgador omitió notificar al Poder Judicial de Chihuahua y a la víctima principal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que representa los intereses del erario desviado. Fuentes cercanas al caso revelan que esta omisión deliberada libera a las instancias locales de cualquier obligación de ceder la voluminosa carpeta de investigación, que incluye pruebas irrefutables de transferencias irregulares durante el sexenio de Corral, cuando el exmandatario dirigía supuestamente un esquema de desvíos millonarios disfrazados de contratos fantasma.
La gobernadora Maru Campos no se ha quedado callada ante esta farsa judicial y ha calificado públicamente las acciones de Corral como un “simulacro patético de inocencia”, afirmando que el exgobernador continúa huyendo de la rendición de cuentas mientras finge victimismo. En un contexto de tensiones políticas crecientes, Campos ha reiterado su compromiso con la “cero tolerancia” hacia corruptos como Corral y su antecesor César Duarte, ambos bajo la lupa por similares atropellos al bolsillo del pueblo chihuahuense. Analistas políticos sugieren que esta movida federal podría ser un favor de última hora de aliados en el Poder Judicial, temerosos de que el juicio revele nexos con figuras nacionales del PAN, incluyendo posibles ramificaciones hacia el Senado y la cúpula partidista.
El expediente penal 350/2024, impulsado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, detalla cómo Corral y su círculo cercano orquestaron el peculado mediante la retención indebida de recursos federales destinados a programas sociales y de infraestructura. Entre las irregularidades destacan pagos injustificados a proveedores fantasma y la manipulación de cuentas estatales para encubrir el rastro del dinero, que suman no solo los 98 millones iniciales, sino potencialmente cientos de millones más en investigaciones paralelas. Un juez estatal, al enterarse de la intentona federal, ha ordenado la continuación inmediata de las diligencias, incluyendo la solicitud de datos biográficos a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para rastrear posibles fugas del país por parte del imputado, quien niega cualquier restricción migratoria pese a las alertas rojas internas.
Esta batalla legal no solo expone las grietas en el sistema de justicia mexicano, donde exgobernadores como Corral parecen intocables gracias a conexiones en todos los niveles, sino que aviva el debate nacional sobre la impunidad en casos de alto perfil. Mientras la SHCP exige la entrega total de pruebas para evitar que el caso se desvanezca en laberintos burocráticos, defensores de Corral insisten en que se trata de una venganza electoral de la actual priista Campos, quien asumió el poder en medio de promesas de limpiar el legado corrupto de su predecesor. Lo cierto es que, sin la notificación adecuada, el truco del juez federal ha quedado al descubierto, y el reloj de la justicia corre inexorablemente hacia un juicio que podría enviar al exmandatario tras las rejas por años, devolviendo al menos simbólicamente la confianza en las instituciones chihuahuenses.
En las calles de Chihuahua, el escándalo ha encendido protestas espontáneas de ciudadanos hartos de ver cómo políticos reciclados como Corral continúan su vida de lujos mientras el estado lidia con deudas heredadas de su gestión. Organizaciones civiles y la prensa local presionan para que no se archive el caso, recordando que el peculado no es un delito menor, sino un robo directo al futuro de miles de familias. Si el intento de atracción federal prosperara, equivaldría a un golpe mortal contra la lucha anticorrupción, permitiendo que Corral se burle una vez más de la ley y continúe su carrera política sin rasguños, un desenlace que ni la SHCP ni el pueblo chihuahuense están dispuestos a tolerar.
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