HABLANDO Y ESCRIBIENDO
Mientras al Estado le recortan recursos, algunos representantes callan y cobran; en contraste, la justicia local trabaja por mejorar.
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO*
“Chihuahua no está frente a un simple ajuste presupuestal: está frente a un castigo político con consecuencias sociales. La reducción de las participaciones federales no golpea solamente al Gobierno del Estado ni a la gobernadora; golpea a las familias, a los municipios, a la seguridad, a la salud, a la infraestructura y a todos los ciudadanos que todos los días cumplen, trabajan y producen.
Lo grave no es únicamente que Chihuahua haya dejado de recibir alrededor de mil 400 millones de pesos en recursos federales durante los primeros meses del año; lo verdaderamente indignante es el silencio cómodo de quienes deberían levantar la voz. La representación política de Chihuahua en el Congreso de la Unión parece más ocupada en medir encuestas, acomodarse en campañas anticipadas y buscar el siguiente trampolín electoral que en defender los recursos que le pertenecen al estado.
Mientras la gobernadora tiene que hacer malabares para sostener servicios, obras y obligaciones básicas, muchos legisladores siguen cobrando puntualmente, sin despeinarse, sin incomodarse y sin arriesgar un solo punto de popularidad frente al poder central. Para ellos, el presupuesto público parece no ser una responsabilidad, sino una gran ubre de la que buscan seguir pegados el mayor tiempo posible.
La Ley de Coordinación Fiscal no debería utilizarse como instrumento de presión política. Las participaciones corresponden a los estados conforme a reglas y aportaciones, no conforme a simpatías partidistas ni a venganzas disfrazadas de tecnicismos. Chihuahua aporta, produce, exporta, genera empleo y sostiene una parte fundamental de la economía nacional. Pero parece que desde el centro se pretende tratar a los estados productivos como si fueran subordinados incómodos.
Y mientras se asfixian las finanzas públicas, la ciudadanía paga la factura. No la pagan los diputados federales desde sus curules; no la pagan los funcionarios desde sus oficinas climatizadas; la paga la gente que espera atención médica, la paga el municipio que necesita obra, la paga el productor que requiere apoyo, la paga el ciudadano que transita carreteras y exige servicios dignos.
Ahí está el ejemplo de la caseta de Villa Ahumada. Cientos de automovilistas han tenido que soportar filas interminables y esperas de varias horas por fallas en el sistema de cobro. No se trata de una molestia menor: se trata de tiempo perdido, combustible desperdiciado, riesgos en carretera y una muestra brutal de negligencia administrativa. Si un sistema falla una vez, puede ser contingencia; si falla una y otra vez, ya no es accidente: es incapacidad.
¿Dónde está el responsable? ¿Dónde está la explicación pública? ¿Dónde está la sanción? ¿Dónde está la vergüenza de quienes cobran por administrar un servicio que no funciona? No basta con pedir paciencia a los automovilistas. La paciencia ciudadana no puede ser el colchón de la ineptitud gubernamental.
Lo mismo ocurre con los legisladores que callan. Callan cuando se recortan participaciones. Callan cuando se reduce el gasto federalizado. Callan cuando se afecta a Chihuahua. Pero eso sí: aparecen puntuales en eventos, fotografías, giras y discursos de temporada. Para defender al estado no hay agenda; para defender su futuro político, sobra tiempo.
Por eso hay que desnudar la hipocresía: quienes se dicen representantes populares no pueden comportarse como empleados de partido. Su obligación no es aplaudir decisiones federales, ni esconderse cuando Chihuahua es castigado, ni fingir que no pasa nada mientras el estado pierde recursos. Su obligación es defender a la gente que los eligió, aunque eso incomode a sus jefes políticos.
La política no puede seguir siendo refugio de mudos convenencieros. Chihuahua necesita representantes con carácter, no operadores de campaña; necesita funcionarios que resuelvan, no burócratas relajados; necesita servidores públicos que rindan cuentas, no personajes que confundan el cargo con una beca de lujo pagada por los ciudadanos.
Cuando se recortan recursos a Chihuahua, no se castiga a una administración: se castiga a la sociedad chihuahuense. Se castiga al trabajador, al empresario, al productor, al estudiante, al paciente, al automovilista, al municipio y a cada familia que espera que el gobierno funcione con seriedad.
La pregunta es sencilla: ¿de qué sirve tener representantes en el Congreso de la Unión si guardan silencio cuando al estado le quitan lo que le corresponde? ¿De qué sirve una nómina pública tan pesada si, al momento de responder, los funcionarios se esconden detrás de pretextos, comunicados tibios o explicaciones insuficientes?
Chihuahua no necesita resignación. Chihuahua necesita defensa, presión política, exigencia pública y funcionarios que entiendan que cobrar del erario implica responderle a la gente, no acomodarse en el cargo. Quien no quiera defender a Chihuahua, que tenga al menos la decencia de hacerse a un lado.
No todo en el servicio público merece condena. En medio de los recortes, de la presión financiera y de la mezquindad política, hay instituciones que sí están trabajando, que sí están dando la cara y que sí entienden que servir es compromiso de mejorar y demostrarlo todos los días con hechos.
Ahí está la decencia de los juzgadores locales, quienes desde los tribunales hacen un esfuerzo diario por mejorar la calidad de la justicia que se administra en Chihuahua. Su trabajo no siempre se ve, no siempre se reconoce, pero sostiene una de las tareas más delicadas del Estado: resolver conflictos, proteger derechos y colocar a los justiciables en el centro de las decisiones.
No se trata de presumir de perfección. Sería absurdo. La justicia siempre puede y debe mejorar. Pero también sería injusto ignorar el esfuerzo de quienes han asumido la responsabilidad de reducir tiempos, corregir prácticas, generar mayor cercanía con la ciudadanía y construir una justicia más humana, más sensible y más eficaz.
Mientras algunos se distraen en campañas y cálculos personales, en el Poder Judicial local hay jueces y magistrados que han entendido que la reforma judicial no es un eslogan ni un anuncio de ocasión: es un proceso real, exigente y permanente. Nuevos juzgadores se capacitan; magistrados entran en una dinámica distinta, más rigurosa, más transparente y más comprometida con resultados.
¿Perfecto? No. ¿Mejorable? Siempre. Pero la diferencia es enorme: aquí se corrigen fallas, no se maquillan; aquí se rinden cuentas, no se improvisa; aquí se construye justicia, no se proclama en discursos huecos. Porque cuando el objetivo es poner a los justiciables en el centro de las acciones, la justicia deja de ser trámite y se convierte en esperanza.
Por eso, frente a los recortes y frente al silencio de quienes deberían defender a Chihuahua, vale la pena reconocer a quienes sí trabajan por un modelo de justicia que mire de frente al ciudadano. Porque un pueblo con justicia no solamente resuelve sus conflictos: recupera confianza, fortalece sus instituciones y construye futuro.
Porque el silencio también es complicidad, y cobrar del presupuesto sin defender al pueblo también tiene nombre: corrupción. Chihuahua no puede seguir manteniendo representantes sin valor, funcionarios sin vergüenza y burócratas que confunden el cargo con una comodidad personal. Pero tampoco puede dejar de reconocer a quienes, desde la justicia local, sí trabajan, sí corrigen y sí entienden que un pueblo con justicia es un pueblo con futuro.”
*Abogado Litigante, miembro de la FECHCA, integrante del Colegio de Juristas de Chihuahua “Jorge Mazpulez Pérez” y participante de la AECHIH.
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