Un convoy blindado surcó las sombras de Michoacán bajo un manto de tensión asfixiante, escoltado por la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y elementos de la Fiscalía General del Estado, para llevar a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado“**, el presunto titiritero de una muerte que enlutó a la política local: el brutal homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, acribillado el 1 de noviembre durante el bullicioso Festival de Las Velas en un atentado que dejó al municipio sumido en el pánico y al país cuestionando la invulnerabilidad de sus líderes.
Detenido el 18 de noviembre en una casa rentada en el corazón de Morelia, este operador clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) confesó su rol en la orquestación del crimen, señalando directamente a Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R1“**, como el jefe supremo que dio la fatídica orden a través de un grupo de mensajería instantánea, donde coordinó con precisión quirúrgica el acercamiento de un menor de 17 años —apoyado por dos cómplices— para ejecutar el disparo letal, en un plan que ya había fallado dos días antes en una gasolinera, revelando la saña meticulosa de una organización que no tolera obstáculos en su dominio territorial.
Tras rendir declaración en la Fiscalía de Michoacán, donde las evidencias digitales y testimonios lo clavan como el enlace regional del CJNG en zonas calientes como Uruapan, Pátzcuaro, Morelia y Cuitzeo, “El Licenciado“** fue engullido por las rejas del Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, el temido penal en el Estado de México que alberga a los peces gordos del crimen organizado, un traslado que no solo asegura su comparecencia ante un juez federal este viernes, sino que acelera la caza de “El R1“** y sus redes, prometiendo desmantelar la estructura que convirtió un festejo popular en un altar de venganza narco.
Este movimiento federal, impulsado por el Gabinete de Seguridad y el secretario Omar García Harfuch, no es mero protocolo: es un mensaje demoledor a los capos que ven en las urnas y los ayuntamientos blancos fáciles para su extorsión y control, recordando cómo el asesinato de Manzo —un político que ya había expuesto a sicarios rivales en vivo— expuso las venas abiertas de Michoacán, donde el CJNG teje su imperio con balas y sobornos, dejando a viudas y huérfanos como testigos mudos de una guerra que no distingue entre el escenario y la sepultura.
Con la audiencia acechando como un veredicto inapelable, el destino de “El Licenciado“** pende de pruebas irrefutables que podrían vincularlo a proceso por homicidio calificado, abriendo la puerta a la captura de más engranajes en esta maquinaria de muerte que ha cobrado miles de vidas en el estado, y que ahora enfrenta el peso de una justicia que, por una vez, parece dispuesta a no soltar la presa hasta que el terror se desvanezca de las calles de Uruapan.
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