Un vendaval de sanciones y presiones diplomáticas azota el Caribe con la fuerza de un huracán, al anunciar el Departamento de Estado de Estados Unidos este lunes 24 de noviembre de 2025 la designación oficial del Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), un golpe maestro que no solo congela activos y prohíbe cualquier apoyo material a esta presunta red, sino que coloca bajo la lupa a la cúpula militar venezolana y al mismísimo presidente Nicolás Maduro, a quien Washington señala como el timonel de una maquinaria criminal que inunda el hemisferio con drogas y violencia, en un pulso que eleva las tensiones binacionales a un nivel de ebullición peligrosa.
La decisión, que el secretario de Estado Marco Rubio había vaticinado el 16 de noviembre, no surge de la nada: complementa la etiqueta de grupo terrorista global especialmente designado (SDGT) impuesta por el Departamento del Tesoro en julio de 2025, y se alinea con la cacería de narcolanchas en el mar Caribe que ya ha cobrado 83 vidas en operativos contra rutas delictivas. Según el comunicado oficial de la Casa Blanca, el Cártel de los Soles —bautizado así por las insignias de los generales chavistas— opera desde las entrañas del régimen, corrompiendo al ejército, los servicios de inteligencia, la legislatura y la judicatura para traficar cocaína hacia Estados Unidos y Europa, aliándose con el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa en una red que siembra terror en el continente. Esta clasificación, que ya han adoptado países como Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana y el Parlamento Europeo, amplía el arsenal legal de Washington para interceptar envíos, extraditar implicados y, potencialmente, justificar acciones más agresivas en aguas internacionales, recordando cómo tales etiquetas precedieron intervenciones pasadas contra amenazas globales.
Desde Caracas, el rechazo fue inmediato y furibundo: el chavismo, liderado por Diosdado Cabello, desechó la acusación como un “invento” yankee para desestabilizar al gobierno, argumentando que el cartel es una ficción fabricada por la CIA para satanizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), mientras Maduro se atrinchera en su narrativa de soberanía asediada por un imperialismo resucitado con la reelección de Donald Trump. Sin embargo, para expertos en narcotráfico, esta designación no es mera retórica: congela miles de millones en activos offshore, aísla financieramente a los implicados y envía un mensaje escalofriante a aliados como Cuba y Rusia, que ven en Venezuela un bastión antiestadounidense ahora marcado con la estrella roja del terrorismo. En un hemisferio donde el fentanilo y la cocaína devoran comunidades enteras, el Cártel de los Soles emerge no solo como un mito desmentido por el oficialismo, sino como el nexo perfecto entre corrupción estatal y crimen transnacional, un Frankenstein que Washington promete desarmar con leyes que no conocen fronteras.
El impacto trasciende lo simbólico: con esta etiqueta, cualquier transacción con el cartel se penaliza como apoyo al terrorismo, lo que podría precipitar una cascada de extradiciones y decomisos que golpeen el erario venezolano, ya estrangulado por hiperinflación y sanciones previas. Mientras el Pentágono celebra “nuevas opciones” en su guerra antidrogas —incluyendo vigilancia aérea intensificada sobre el Orinoco—, el eco de esta artillería legal resuena en los salones de la OEA y la ONU, donde diplomáticos latinos debaten si esta movida es justicia o pretexto para una intervención velada. En el tablero geopolítico de América, donde el petróleo venezolano choca con el fentanyl en las calles de Miami, la designación del Cártel de los Soles no solo enciende mechas, sino que obliga a replantear si el sol de la revolución bolivariana se apaga bajo el peso de sus propias sombras criminales.
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