Un clima de tensión palpable envuelve la Secretaría de Gobernación (Segob) esta madrugada del 26 de noviembre, donde la segunda mesa de diálogo entre transportistas de la Asociación Nacional de Transportistas de Carga (ANTAC) y productores agrícolas del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) culminó en un estrepitoso fracaso tras más de cuatro horas de discusiones infructuosas, dejando a los inconformes con el puño en alto y la determinación de endurecer sus acciones, incluyendo el cierre total de accesos a la Ciudad de México si el gobierno federal osa desplegar al Ejército para desalojarlos, un espectro que ya ronda como una sombra ominosa sobre las carreteras que surcan el país.
Los líderes, encabezados por Baltazar Valdés del FNRCM y David Estévez Gamboa de la ANTAC, irrumpieron en la sede de Bucareli con un pliego petitorio que clamaba por seguridad en rutas, entrega inmediata de licencias plastificadas pendientes desde hace 12 sexenios, pago de 1,200 millones de pesos adeudados a productores de trigo y una Ley de Aguas que no robe el vital líquido a los campos sedientos, pero se toparon con una pared de condiciones: el subsecretario César Yáñez Centeno exigió el levantamiento de los 31 bloqueos en 11 estados como gesto de “buena voluntad”, una imposición que los manifestantes tildaron de chantaje descarado, acusando al régimen de Claudia Sheinbaum de dilatar soluciones mientras el narco cobra cuotas de sangre en cada kilómetro y el abandono institucional devora cosechas enteras. “No nos moveremos hasta que haya compromisos reales; si mandan al Ejército, que sea para protegernos del crimen, no para reprimirnos”, tronó Valdés al salir, con el eco de ambulancias y mercancías perecederas varadas resonando como un himno de resistencia que ya ha paralizado aduanas en la frontera norte y el Arco Norte, donde saqueos oportunistas han convertido protestas en presas fáciles para los pillos.
La ruptura no es un bache aislado en esta saga de furia rural, sino el clímax de un diálogo que se deshilacha desde el lunes 24, cuando los cierres viales en 36 puntos —de Chihuahua a Yucatán— forzaron la convocatoria inicial, solo para que el gobierno respondiera con promesas de mesas regionales que huelen a teatro burocrático, como el anuncio del secretario de Agricultura Julio Berdegué de visitar estados productores de trigo sin fecha ni garantías. Mientras la Segob insiste en su “casa del diálogo” y niega intereses políticos en las protestas, los afectados —que representan la vértebra de la economía con el 80% de la mercancía movida por camiones y el 15% de granos nacionales de Chihuahua— valoran un cerco asfixiante alrededor de la capital, un asedio que podría colapsar el abasto en horas y obligar a Sheinbaum a elegir entre la represión armada o concesiones que salven no solo el campo, sino la paciencia de una nación que ya no tolera que sus héroes del volante y la azada terminen en fosas comunes.
Este pulso de acero no solo amenaza con extender los bloqueos indefinidamente —ampliando a casetas como Tepotzotlán en el Edomex y accesos a puertos como Veracruz—, sino que expone las grietas de un modelo que prioriza megaproyectos sobre el sudor de quienes alimentan al país, un abandono que podría escalar a vigilias en el Congreso de la Unión el miércoles con 49 productores de la Zona Media y más. En un México donde el diálogo se evapora como el agua del desierto chihuahuense, la amenaza de “mejor bloqueo que cadáver” se transforma en un ultimátum que retumba en las mañaneras: ¿cederá el Palacio Nacional o convertirá las avenidas en trincheras, dejando a la CDMX como rehén de su propia indiferencia?
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