Un vendaval de inspecciones federales ha irrumpido en las playas de ensueño de Tulum, Quintana Roo, donde la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó sellos de suspensión en el exclusivo Hotel Diamante K, propiedad del controvertido empresario y actor Roberto Palazuelos, conocido como el “Diamante Negro“, tras destapar un arsenal de irregularidades que convierten el paraíso maya en una trampa para el bolsillo de los turistas desprevenidos, con habitaciones que se encarecen hasta 13,860 pesos por noche, una cifra que pulveriza los promedios locales y ha desatado una avalancha de denuncias por cobros injustificados que asfixian vacaciones soñadas.
El operativo, desencadenado por quejas de visitantes y residentes sobre el desborde en precios de servicios turísticos, abarcó 29 establecimientos en el centro de Tulum y 22 en el Parque Jaguar, donde los verificadores desenterraron no solo tarifas desbocadas —una habitación doble en el Diamante K superaba el 890% al 1,880% el promedio de 700 a 1,400 pesos en la zona urbana—, sino un rosario de violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor: menús en dólares sin precios claros, inducción al pago forzado de propinas, ausencia de términos y condiciones, y la falta de comprobantes fiscales que dejan a los clientes en la penumbra total. En el restaurante Casa María del hotel, platillos como guacamole a 280 pesos, hamburguesas por más de 400 pesos y tacos triples en 400 pesos completaban el cuadro de abusos, mientras cabañas “económicas” con baño compartido arrancaban en 1,340 pesos y suites frente al mar escalaban a 2,800 pesos, un festín de precios que Profeco tildó de “alarmantemente alto” en un destino ya saturado de especulación post-pandemia.
Esta clausura no azota solo al Diamante K, sino que arrastra a otros tres hoteles en la mira: Pocna Tulum, Villa Pescadores —propiedad del sobrino de la chef Susana Palazuelos, hermana de Roberto— y Cabañas Playa Condesa, todos acordonados por las mismas fallas que mercantilizan la hospitalidad en una ruleta rusa para el consumidor. El hotel, un oasis ecológico de 32 cabañas con esculturas mayas y acceso directo a playas protegidas, se vanagloria en redes de su “aldea maya” de lujo, pero la realidad expuesta por los inspectores revela un esquema depredador que ignora la exhibición obligatoria de precios y prioriza el lucro sobre la transparencia, dejando a familias endeudadas y a influencers furiosos que ahora cuestionan si el esplendor de Palazuelos encubre una extorsión envuelta en hamacas.
Palazuelos, absorto en la promoción de su rol como alcalde Windancer en Zootopia 2, no ha soltado ni una palabra sobre el escándalo, permitiendo que el mutismo de su imperio turístico —que abarca taquerías como Tacos Papi— avive rumores de negligencia o jugada calculada, mientras Profeco demanda correcciones inmediatas bajo amenaza de multas astronómicas. Este cierre temporal, que frena reservas y eventos en un Tulum donde el turismo inyecta el 80% de la economía local, truena como un terremoto ético en un paraíso donde el sol chamusca la piel pero las tarifas abrasan las finanzas, recordándonos que en México, el lujo sin freno no es un sueño, sino una emboscada que devora ilusiones y presupuestos por igual.
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