En México es común ver en fotografías y videos de detenciones que a los presuntos delincuentes se les cubre parcialmente el rostro, especialmente los ojos, aun cuando han sido capturados por la policía o fiscales. Esta práctica no es arbitraria ni una forma de proteger a los acusados, sino que responde a normas legales diseñadas para garantizar un proceso judicial equilibrado y justo, evitando que se difunda la identidad completa de una persona que aún no ha sido sentenciada.
La razón principal de cubrir los ojos de los detenidos radica en el principio de presunción de inocencia, que establece que una persona es considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante una sentencia firme. Esta garantía está contemplada en las leyes mexicanas y obliga tanto a las autoridades como a los medios de comunicación a proteger la identidad de quienes enfrentan cargos, evitando presentarlos ante la sociedad como culpables antes de un veredicto judicial.
Este procedimiento legal también se refleja en otros aspectos de la difusión de información, como el uso de la letra “N” en lugar de los apellidos completos de los acusados o la omisión de datos personales. La intención es proporcionar cierta protección a los imputados y prevenir que, al ser exhibidos públicamente, sufran consecuencias sociales o legales antes de que su responsabilidad haya sido determinada por un juez en un juicio adecuado.
El cubrir solo una parte del rostro, y en particular los ojos, se conoce como censura parcial y tiene como objetivo restringir el reconocimiento visual mientras se mantiene la posibilidad de que, en casos específicos, alguna persona afectada o testigo pueda identificar a un presunto responsable sin comprometer en exceso la identidad del detenido ante el público general. Este equilibrio busca facilitar el desarrollo del proceso penal sin vulnerar derechos fundamentales.
Una vez que la persona acusada ha recibido una sentencia definitiva, las fotografías y el nombre completo suelen hacerse públicos sin la censura que se aplica durante las etapas iniciales del proceso. De esta manera, el sistema de justicia procura equilibrar el derecho a la protección de la identidad con la transparencia judicial, siguiendo las disposiciones legales vigentes en materia penal.
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