La organización Artículo 19 condenó enérgicamente la imposición de prisión domiciliaria por un año al periodista veracruzano Rafael León Segovia (“Lafita León”), tras una audiencia maratónica el 30 de diciembre de 2025 en Coatzacoalcos. Aunque el juez desestimó el cargo inicial de terrorismo por falta de pruebas —como exigió incluso la presidenta Claudia Sheinbaum—, vinculó a proceso al reportero por encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, medidas que la ONG califica como “desproporcionadas” y un claro acto de criminalización por su labor informativa en nota roja.
Imágenes virales captaron a León saliendo escoltado y esposado de manos y pies rumbo a la audiencia, un trato que Artículo 19 denuncia como intimidatorio y degradante, pese a no representar riesgo de fuga. La organización señaló irregularidades en el proceso, como inconsistencias en la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, y advirtió que esta restricción le impide salir a reportear, afectando no solo sus derechos sino el acceso a la información de la sociedad. Exigieron al Mecanismo Federal de Protección intervenir urgentemente y al Poder Judicial aplicar estándares internacionales de libertad de expresión.
El caso, originado en una indagatoria de 2023 por presuntos pagos a cambio de información sobre hechos violentos, ha generado indignación gremial y cuestionamientos a la fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. León, al salir de la audiencia, acusó persecución personal: “Esta fiscal me odia por las cosas que he publicado”. Un precedente alarmante en Veracruz, estado con alto índice de agresiones a periodistas, que refuerza preocupaciones sobre el uso del sistema penal para silenciar voces críticas.
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