En un pronunciamiento que retumba como un trueno en los salones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Yasmín Esquivel Mossa alzó la voz este 26 de noviembre para defender con fiereza el principio de cosa juzgada, advirtiendo que cualquier intento de socavarlo no solo pisotea la legalidad, sino que amenaza con desatar un caos jurídico que devore la certeza y la seguridad jurídica en un México ya fracturado por disputas políticas y reformas controvertidas, un llamado que llega en medio de debates candentes sobre la reestructuración del Poder Judicial y que posiciona a la magistrada como baluarte de un orden constitucional que no se negocia.
Esquivel, con la contundencia de quien ha navegado tormentas como las multas revocadas por el TEPJF y las sombras del plagio en su tesis, no escatimó en críticas al interior de la Corte, donde se discute la creación de instancias judiciales “inventadas” que el legislador ni siquiera contempló en la reforma judicial impulsada por el oficialismo. “Más preocupante debe ser que la propia Suprema Corte invente instancias que ni el legislador consideró”, espetó con energía en su intervención durante la sesión plenaria, subrayando que el abandono de la cosa juzgada —ese pilar que cierra puertas a litigios eternos una vez resueltos— erosionaría la paz social y el equilibrio institucional, un riesgo que ella vincula directamente a intentos de reinterpretar fallos para favorecer agendas políticas, recordando cómo este principio ha sido el ancla en casos emblemáticos que evitan la impunidad o el abuso de recursos.
La declaración de la ministra no surge en el vacío de un contexto judicial en ebullición: con la Corte dividida entre el bloque conservador y las presiones de la 4T para inyectar mayor “democratización”, Esquivel Mossa emerge como voz disidente que clama por un Poder Judicial autónomo, lejos de manipulaciones que conviertan sentencias en meros borradores revisables. Su exigencia de respeto a la legalidad resuena como un escudo contra lo que percibe como erosión deliberada, especialmente en temas como la revisión de amparos contra reformas energéticas o electorales, donde la cosa juzgada ha sido el freno a litigios interminables que paralizan el Estado.
Este posicionamiento no solo reafirma el rol de Esquivel como guardiana de principios constitucionales —un perfil forjado en su trayectoria como fiscal y rectora de la UNAM—, sino que invita a una reflexión profunda sobre el equilibrio de poderes en México, donde ignorar la certeza jurídica podría abrir las compuertas a un diluvio de inestabilidad que ahogue inversiones y derechos. En un país donde la justicia ya cojea por desconfianza crónica, la advertencia de la ministra se erige como un grito de alerta: respetar la cosa juzgada no es un capricho técnico, sino el hilo que teje la tela de la democracia, y romperlo sería invitar al abismo donde nadie gana, ni el pueblo ni la nación.
About the Author
