La administración de Donald Trump intensificó su política migratoria al contratar empresas privadas —incluyendo Constellis, heredera de la controvertida mercenaria Blackwater— para rastrear y localizar hasta 1.5 millones de migrantes con órdenes de deportación pendientes en todo el país. Según documentos federales revelados por The Intercept en diciembre de 2025 y enero de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) firmó contratos por cientos de millones de dólares para “servicios de rastreo de personas desaparecidas”, permitiendo a estos contratistas usar técnicas avanzadas de vigilancia sin identificarse como agentes federales.
Constellis, formada por la fusión de Academi (ex-Blackwater) y Triple Canopy, es una de las principales beneficiarias, con un historial marcado por el escándalo de la masacre de Nisour Square en Irak (2007), donde sus empleados mataron a 17 civiles —varios indultados por Trump en 2020—. Otros contratistas como GEO Group, Capgemini y BI Incorporated podrían ganar hasta mil millones de dólares para 2027, enfocados en mapear redes familiares, vigilar hogares y lugares de trabajo. Estos “cazarrecompensas” modernos no reciben credenciales oficiales, lo que genera preocupaciones sobre abusos y falta de rendición de cuentas.
Aunque el término “mercenarios” evoca imágenes extremas, se trata de contratistas de seguridad privada reutilizando herramientas de inteligencia militar para la aplicación migratoria interna. La medida alinea con la promesa de Trump de deportaciones masivas, pero críticos —incluyendo organizaciones de derechos humanos— la ven como una privatización peligrosa que prioriza ganancias sobre derechos, en un contexto de expansión de detenciones en almacenes industriales para hasta 80.000 personas.
Un enfoque controvertido que combina eficiencia operativa con riesgos éticos, mientras la “caza” de migrantes se convierte en un negocio multimillonario bajo la segunda era Trump.
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