Un golpe certero contra el corazón del poder en México resonó en las salas de San José, Costa Rica, cuando el diputado panista Germán Martínez Cázares irrumpió en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para entregar una denuncia explosiva que acusa a la controvertida reforma judicial y sus enmiendas a la Ley de Amparo de perpetrar un fraude constitucional y convencional a los derechos humanos, declarando sin rodeos que “la justicia mexicana ya está en el banquillo de los acusados en la justicia internacional, puede y debe ser juzgada”.
Acompañado del abogado Juan Marcos Gutiérrez González, Martínez no dejó resquicios: el documento de 155 páginas que plantaron ante la Corte Interamericana destapa cómo las contrarreformas de 2024 y 2025 —incluyendo las de la Guardia Nacional y la Supremacía Constitucional— pisotean sentencias emblemáticas del sistema interamericano, como las emitidas en los casos Rosendo Radilla Pacheco del 23 de noviembre de 2009, Fernández Ortega del 30 de agosto de 2010, y Rosendo Cantú y otra del 31 de agosto de 2010, que obligaron al Estado a forjar tribunales independientes, divorciar la jurisdicción militar de la civil y blindar el acceso a una justicia imparcial, pronta y expedita.
El reclamo es un rugido de indignación: estas modificaciones no solo contradicen lo ya aprobado en vía de cumplimiento en 2015, sino que cometen un incumplimiento flagrante que podría desatar un expediente por fraude y repetición de violaciones, exigiendo que la Corte Interamericana supervise el acatamiento mexicano y, de ser necesario, dicte medidas cautelares para paralizar la elección popular de jueces y restaurar la Ley de Amparo en su versión pre-reforma, evitando que se evapore la facultad de los magistrados para imponer suspensiones o protecciones urgentes.
En un proceso que inicia con la recepción de la denuncia y avanza hacia un juicio donde la Corte decide libremente las verificaciones —evaluando si México honra sus compromisos previos—, Martínez y Gutiérrez claman por un veredicto que “pronto devuelva a los mexicanos lo que los gobiernos de Morena nos han quitado: nuestros derechos humanos y un acceso a la justicia sin sombras de corrupción o acaparamiento”, un llamado que resuena como un eco de las advertencias previas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los riesgos a la independencia judicial y el Estado de Derecho.
Este embate internacional no es un capricho aislado, sino una puñalada al núcleo de la 4T, donde la elección de jueces por voto popular se erige como un veneno para la imparcialidad, recordando condenas pasadas como la de Radilla Pacheco que forzó reformas al Código de Justicia Militar y al Código Penal Federal, y que ahora, en 2025, amenaza con fracturar la credibilidad de un sistema ya tambaleante, obligando a México a rendir cuentas ante el mundo o arriesgarse a un aislamiento que haga temblar los cimientos de su soberanía judicial.
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