En un fallo que representa un importante precedente para la libertad de expresión en México, un juez federal rechazó este 29 de diciembre de 2025 las acusaciones de “terrorismo” presentadas por la Fiscalía General del Estado de Veracruz contra el periodista independiente Carlos López Hernández, conocido por sus investigaciones sobre corrupción en el gobierno local y nexos con el crimen organizado.
López Hernández, de 42 años y colaborador de medios como Proceso y La Jornada, fue detenido en julio de 2025 en Xalapa bajo cargos de “apología del terrorismo” y “incitación a la violencia”, derivados de un reportaje donde exponía presuntos abusos policiacos durante protestas indígenas en la región Huasteca. La fiscalía argumentaba que sus publicaciones en redes sociales “generaban alarma social” y equivalían a un acto terrorista, una interpretación que organizaciones como Article 19 y Reporteros Sin Fronteras calificaron de “absurda y represiva”.
El juez del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal, Miguel Ángel Ruiz Soto, determinó en su sentencia que las imputaciones carecían de fundamento legal y violaban el derecho a la información protegido por la Constitución y tratados internacionales. “No se configuran los elementos del delito de terrorismo, ya que el periodismo crítico no equivale a una amenaza contra la seguridad nacional. Esto es un intento de censura disfrazado”, argumentó Ruiz Soto en su resolución, ordenando la inmediata liberación del comunicador y la cancelación de cualquier medida cautelar en su contra.
La decisión ha sido celebrada por la comunidad periodística y defensores de derechos humanos. La psicóloga y activista Laura Gómez Pérez, especialista en libertad de expresión, comentó: “Este caso ilustra cómo se usa la ley antiterrorista para silenciar voces disidentes. Es un triunfo para la democracia, pero revela la vulnerabilidad de los periodistas en Veracruz, uno de los estados más peligrosos para ejercer el oficio”.
López Hernández, quien pasó cinco meses en prisión preventiva, salió libre la tarde de ayer y declaró a medios: “Esto no es solo por mí, sino por todos los colegas que enfrentan hostigamiento. Seguiré informando, porque la verdad no se calla”. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han exigido al gobierno de Veracruz una investigación independiente sobre el origen de los cargos y sanciones para los funcionarios involucrados.
Este fallo llega en un contexto de alarma: Veracruz acumula más de 30 periodistas asesinados en la última década, y casos de judicialización como este se han multiplicado bajo administraciones locales. Un recordatorio urgente de que la protección a la prensa no es opcional, sino esencial para una sociedad libre.
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