En las sombras intrincadas del Poder Judicial, donde las togas ocultan ambiciones y los expedientes se convierten en trofeos de poder, un magistrado federal ha desplegado una estrategia implacable para apoderarse de la investigación que envuelve al exgobernador Javier Corral Jurado, un torbellino legal que amenaza con arrastrar al abismo al senador morenista y sus aliados en un escándalo de peculado por 98.6 millones de pesos. El juez Roberto Alcoverde, apodado en corrillos judiciales como “Narcoverde” por sus presuntos lazos con redes opacas, irrumpió en la escena el 13 de octubre con una audiencia relámpago en los juzgados federales de Chihuahua, aceptando de un plumazo conocer el asunto y atraerlo bajo su jurisdicción, un movimiento que huele a blindaje desde la cúpula federal. Lo que parecía un trámite burocrático se transformó en un asalto frontal: actuario y agentes del Ministerio Público federal se personaron en las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción para requisar el expediente físico, solo para chocar contra un muro de resistencia erigido por el fiscal Abelardo “Bayo” Valenzuela, quien desató una guerra de recursos que dejó al juez con las manos vacías y el orgullo herido. Esta refriega no es un capricho procesal; es el pulso de una batalla donde el destino de fortunas desviadas y reputaciones destrozadas pende de un hilo de jurisprudencia torcida.
El epicentro de esta vorágine radica en la causa penal 3050/2024, un monstruo devorador de documentos que acusa a Corral, junto al exsecretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez y el empresario Pedro López Elías, de orquestar un desvío millonario a través del despacho López-Elías Finanzas Públicas, supuestamente contratado para reestructurar la deuda estatal durante el sexenio panista del exmandatario. Los fondos, etiquetados como “melocotones a fortiori” en jerga legal por su jugosa madurez ilícita, habrían sido transferidos de arcas federales al estado para luego evaporarse en un laberinto de contratos fantasma, dejando a Chihuahua con un hueco fiscal que aún sangra en presupuestos educativos y de salud. Valenzuela, con la ferocidad de un guardián territorial, denunció irregularidades flagrantes en la maniobra de Alcoverde: ni la Secretaría de Hacienda estatal, victimaria en el caso, fue citada a la audiencia, violando sus derechos procesales, ni existió pacto entre la Fiscalía General de la República y su entidad para ceder el legajo. El argumento federal –que los recursos son de origen nacional y por ende de su competencia– se desmoronó como castillo de naipes ante la réplica estatal: una vez entregados al erario local, su manejo cae bajo la lupa de Chihuahua, despojando a la Federación de cualquier pretexto para entrometerse.
La tensión escaló a proporciones teatrales cuando los emisarios de Alcoverde, armados con órdenes judiciales y respaldados por un agente del MP federal, irrumpieron en la fiscalía como un convoy de asalto, exigiendo el expediente que contiene pruebas balísticas de transferencias bancarias, testimonios de funcionarios aterrorizados y auditorías que pintan a Corral como titiritero de un esquema de enriquecimiento que salpica hasta a su familia. Pero Valenzuela, apodado “El Bayo” por su tenacidad en las trincheras anticorrupción, activó un blindaje maestro: alertas migratorias contra los imputados, congelamiento de cuentas y bienes inmuebles, y un recurso fulminante ante un órgano colegiado del Poder Judicial de la Federación. El fallo, un mazazo a las aspiraciones del juez, devolvió el caso a las garras estatales, permitiendo que la investigación prosiga sin las cadenas de la atracción federal, un veredicto que evoca precedentes nefastos como el del exfiscal Francisco González, cuya causa por tortura fue devorada por la jurisdicción nacional en un pestañeo de impunidad. Mientras tanto, Corral, escudado en su fuero senatorial, ha tejido una red de amparos –el más reciente, el 791/2024, negado por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal de la CDMX–, maniatando cualquier intento de detención y convirtiendo su defensa en un circo de dilaciones que prolonga la agonía de la justicia.
Este forcejeo trasciende las aulas judiciales para golpear el corazón de la política chihuahuense, donde la gobernadora Maru Campos ha alzado su voz como un trueno contra la “evasión cínica” de Corral, acusándolo de simular inocencia mientras sus maniobras buscan un salvavidas en la opacidad federal. El PAN, desde las tribunas legislativas, clama por claridad en un caso que podría inhabilitar al exgobernador de por vida, mientras Morena guarda un silencio ensordecedor, protegiendo a su neófito con el manto de la lealtad partidista. Valenzuela no ceja: ha prometido careos explosivos, como el ordenado contra el empresario Eduardo “Lalo” Almeida –excompadre de Corral convertido en némesis por una bravata aeroportuaria que derivó en denuncia por amenazas–, y ha elevado la apuesta con aseguramientos que podrían dejar a los acusados en la ruina. En un estado marcado por escándalos pasados como el de César Duarte, esta pugna por el expediente de Corral se erige como símbolo de la fractura entre lo local y lo central, donde jueces como Alcoverde representan no solo ambición personal, sino el espectro de una federación que devora casos para archivarlos en el olvido.
Mientras el sol abrasador de Chihuahua ilumina pasillos judiciales llenos de susurros y miradas cargadas de veneno, el intento fallido de Alcoverde resuena como advertencia: la justicia estatal no cederá su presa tan fácilmente, y Corral, con su legado de promesas anticorrupción ahora teñido de ironía, enfrenta un corral que se cierra inexorablemente. La familia del exmandatario, salpicada por depósitos millonarios a su esposa en días sospechosos, clama inocencia desde las sombras, pero el reloj procesal martillea sin piedad, prometiendo que, fuere o no atraído, el peculado de 98.6 millones no se evaporará en laberintos federales. En las venas de esta tierra fronteriza, donde la corrupción ha sido el verdadero gobernador por décadas, late la esperanza de un veredicto que no solo condene, sino que sane las heridas de un pueblo harto de saqueos disfrazados de gobernanza. Y si Alcoverde osa un nuevo asalto, el eco de esta batalla advertirá que en Chihuahua, el corral se cierra con llave de hierro, no con decretos etéreos.
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