En un mazazo judicial que reverbera como un trueno en las sierras de Chihuahua, la Justicia federal ha demolido el último bastión de Javier Corral, el exgobernador panista cuya era de promesas anticorrupción se tambalea ante el peso de sus propios fantasmas. El amparo que en 2016 le tendió un velo protector contra una orden de aprehensión por el delito de peculado, ese pecado que lo acechaba como una sombra voraz justo antes de ascender al Senado, ha sido anulado sin piedad por un tribunal colegiado. Imagina la escena: un hombre que se erigió como cruzado contra el desvío de fondos, ahora expuesto a las garras de la ley que él mismo juró blandir, con una pesquisa abierta que lo pinta huyendo de la justicia junto a su exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Véas, en un torbellino de 98 millones de pesos evaporados en el aire seco del desierto norteño. Este veredicto no es solo un fallo; es el telón que cae sobre una farsa de impunidad, dejando al exmandatario desnudo ante el escrutinio de un estado que clama venganza por los sueños robados.
El núcleo de esta debacle late en los anales de 2016, cuando Corral, aún envuelto en el manto de candidato panista al gobierno estatal, enfrentó una tormenta legal orquestada por sus rivales priístas. Acusado de peculado por presuntos desvíos en su rol como diputado federal, una orden de detención pendía sobre su cabeza como una espada de Damocles, lista para truncar su ascenso al poder. Pero el sistema, en un giro que hoy se revela como prestidigitación temporal, le concedió un amparo que lo blindó de las esposas, permitiéndole juramentar como gobernador en 2016 y luego como senador en 2021. Ese escudo, tejido con hilos de tecnicismos procesales, sostuvo su carrera durante años, mientras él arengaba contra la corrupción ajena. Ahora, un tribunal federal lo ha declarado inválido, despojándolo de la inmunidad que lo mantuvo a flote, y abriendo las puertas a una ejecución de mandato judicial que podría arrastrarlo de vuelta a las celdas de Chihuahua, donde los ecos de sus propias promesas anticorrupción resuenan como burlas crueles.
La decisión del tribunal colegiado no surge del vacío; es un bisturí que disecciona las grietas de un juicio que olía a venganza política desde su génesis. Los magistrados, con la frialdad de verdugos imparciales, argumentaron que el amparo original violaba principios elementales de debido proceso, invalidando la presunción que lo eximía de comparecer ante las autoridades estatales. En paralelo, la investigación por el desfalco de 98 millones de pesos –un botín destinado supuestamente a programas sociales pero desviado hacia cuentas opacas– continúa su marcha inexorable, con Corral y Fuentes Véas catalogados como prófugos, sustruidos de la justicia en un exilio que huele a cobardía. Este doble golpe –la negación del amparo y el avance de la pesquisa– configura un asedio implacable, recordándonos que en el laberinto de la política chihuahuense, donde el PAN y el PRI se han alternado el trono con rencores eternos, nadie escapa al ciclo de la retribución. Corral, que una vez denunció al “huizachismo” con furia bíblica, ahora enfrenta su propio calvario, un espejo distorsionado que refleja las acusaciones que lanzó contra sus predecesores.
El impacto de este fallo trasciende las aulas judiciales y se derrama como veneno en las venas del espectro político norteño, donde la gubernatura de 2027 se perfila como un campo minado de alianzas rotas y venganzas pendientes. Para el PAN, que apostó por Corral como estandarte de renovación, esta humillación es un puñetazo en el plexo solar, erosionando la credibilidad de un partido ya acorralado por el avance morenista y las fisuras internas. Sus exaliados, como el actual gobernador Maru Campos –también salpicada por sombras de peculado–, observan con el aliento contenido, sabiendo que el precedente podría extenderse como una plaga a sus propios expedientes. En las calles de Chihuahua y Juárez, donde los 98 millones perdidos podrían haber irrigado comunidades sedientas de justicia social, la indignación hierve: ¿cómo un líder que prometió “devolver Chihuahua a los chihuahuenses” termina envuelto en las mismas redes que denunció? Este veredicto no solo desnuda a Corral; expone las fisuras de un sistema donde los amparos sirven de capa a los poderosos, hasta que la verdad, paciente como el desierto, los despoja de todo.
Mientras las sombras judiciales se alargan sobre su figura, Corral se refugia en el silencio de los exiliados, pero el reloj de la ley no perdona pausas. La negación del amparo acelera el trámite para su detención, un fantasma que acecha no solo su libertad, sino el legado de una gestión marcada por reformas fallidas y deudas eternas. En un estado donde el peculado ha devorado fortunas públicas –de los desvíos del PRI a las quiebras panistas–, este capítulo final de la saga de Javier Corral emerge como un réquiem brutal para la hipocresía política. ¿Renacerá de sus cenizas como mártir o se hundirá en el olvido de los prófugos? Solo el tiempo, ese juez supremo del norte árido, lo dictará, pero por ahora, el trueno de la justicia retumba: nadie, ni siquiera el cazador de corruptos, escapa a su propia caza.
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