Ocho años y medio después del devastador atentado suicida perpetrado el 22 de mayo de 2017 al finalizar un concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena, un juez británico ha aprobado un acuerdo histórico de indemnizaciones para algunos de los sobrevivientes más jóvenes.
Un total de casi 20 millones de libras esterlinas (aproximadamente 26 millones de dólares al cambio actual) se distribuirá entre 16 menores que tenían menos de 16 años en el momento del ataque. Las cantidades individuales varían según la gravedad de las secuelas: desde £2.770 hasta £11,4 millones, reflejando lesiones físicas catastróficas que han cambiado vidas para siempre, así como daños psicológicos profundos, incluyendo trastorno de estrés postraumático.
El juez Nigel Bird, durante la audiencia en los Tribunales Civiles de Manchester el 18 de diciembre de 2025, destacó que todos los casos comparten un vínculo común: “lesiones y pérdidas sufridas a raíz de un acto de terrorismo único e inimaginable, cometido al final de un concierto al que asistieron muchos niños pequeños y sus familias”.
El atentado, llevado a cabo por Salman Abedi, quien detonó una bomba casera cargada de metralla en el vestíbulo del recinto, dejó 22 muertos y más de 1.000 heridos, muchos de ellos adolescentes y niños que salían del show.
Las compensaciones serán pagadas por las entidades responsables de la seguridad del evento: los operadores del Arena (SMG Europe Holdings), la empresa de control de multitudes (Showsec International), la Policía de Transporte Británica y la Policía de Greater Manchester. Una investigación pública previa concluyó que hubo “oportunidades perdidas” para prevenir el ataque, debido a fallos en la vigilancia, patrullajes inadecuados y omisiones en la respuesta a alertas de sospecha.
Además, se espera que otros 352 reclamantes adultos —incluidas familias de las víctimas fatales— alcancen acuerdos similares en las próximas etapas, aunque sus montos no han sido divulgados.
Este fallo representa un paso hacia la justicia para los sobrevivientes, aunque, como remarcaron los abogados, “el amor y el cuidado que un padre brinda a un hijo herido va más allá de cualquier valor monetario”. El legado del atentado también impulsó la aprobación de la “Ley de Martyn” en 2025, que obliga a venues públicos a implementar medidas antiterroristas más estrictas.
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