A pesar de años de asentamiento en Tijuana, la población haitiana sigue enfrentando discriminación social abierta y sutil, que se manifiesta en espacios cotidianos y limita su integración plena, especialmente en el acceso a la educación para niñas, niños y adolescentes. Según testimonios recopilados por la Haitian Bridge Alliance, el sistema escolar mexicano no está preparado para atender las realidades lingüísticas, culturales y sociales de familias migrantes, lo que genera rechazos, diagnósticos de rezago y periodos prolongados fuera de las aulas.
Vivianne Petit Frere, coordinadora de la organización, denuncia que muchas escuelas niegan la inscripción o no ofrecen el tiempo necesario para una integración adecuada, afectando el desarrollo académico y el bienestar emocional de los menores. A esto se suman dinámicas familiares complejas —como madres con jornadas laborales extensas y cuidado delegado a abuelas o familiares—, agravadas por traumas históricos de migración forzada y discriminación persistente. Estos obstáculos estructurales e institucionales convierten la educación —un derecho universal— en un privilegio inalcanzable para muchos.
Organizaciones comunitarias llaman a fortalecer el trabajo social y la visibilización de estas realidades, impulsando políticas públicas inclusivas que garanticen atención integral a la niñez migrante. En un contexto donde Tijuana alberga una significativa comunidad haitiana asentada desde hace años, esta situación evidencia la necesidad urgente de un enfoque intercultural y sensible en el sistema educativo mexicano. La inclusión no puede seguir siendo una promesa pendiente.
