Un ultimátum que cruza el Río Bravo como un trueno diplomático ha puesto al descubierto una herida abierta en la soberanía mexicana: el presidente Donald Trump exige no solo el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, con un adeudo de más de 1,066 millones de metros cúbicos que México debe compensar en el próximo ciclo quinquenal, sino que lo hace enmarcado en una narrativa demoledora donde acusa a nuestro país de no controlar su propio territorio, permitiendo que cárteles como el de Sinaloa y el CJNG dicten leyes en plazas enteras, desde la sierra de Chihuahua hasta las costas de Michoacán, un descontrol que Washington interpreta como invitación a intervenciones que podrían escalar de drones de la CIA a strikes militares, recordándonos que la “ayuda” gringa rara vez llega sin facturas ocultas.
La razón de Trump no es un capricho proteccionista, sino un espejo cruel que refleja nuestras omisiones: en 2025, México ha entregado apenas 600 millones de metros cúbicos del Río Bravo, dejando represas como Falcón y Amistad en niveles críticos del 12% y 21%, mientras la sequía en Chihuahua —agravada por la Ley de Aguas que prioriza megaproyectos sobre el agro— obliga a productores a elegir entre regadíos locales o deudas con Texas, un dilema que Trump explota con amenazas de aranceles del 25% y sanciones que podrían asfixiar exportaciones por cientos de millones. Pero el verdadero talón de Aquiles es el narco: con 13 mil asaltos a camiones anuales y alcaldes como Carlos Manzo acribillados en festivales públicos, el 96% de impunidad en homicidios políticos permite que carteles controlen rutas hídricas y viales, usando el territorio como su patio trasero para inundar EE.UU. con fentanilo, un flujo que Trump etiqueta como “narcoterrorismo” y justifica designando a seis mafias mexicanas como organizaciones terroristas, abriendo la puerta a operaciones encubiertas que ya incluyen vuelos de drones de la CIA sobre laboratorios clandestinos en Sinaloa.
Y aquí radica la culpa nuestra, un lastre bipartidista que trasciende sexenios: desde el “abrazos, no balazos” de AMLO, que redujo homicidios en un 20% pero falló en desmantelar redes financieras que blanquean miles de millones, hasta la tibieza de Sheinbaum en rechazar intervenciones mientras mesas de diálogo con transportistas fracasan en Segob, dejando bloqueos en 31 puntos viales como único grito de auxilio. La corrupción en la Guardia Nacional y la FGR, con funcionarios aterrorizados por ir a oficinas en plazas narco, y la falta de una Ley de Aguas equitativa que equilibre sequías con tratados, convierten a México en un Estado fallido a medias, donde el narco no solo trafica drogas, sino que dicta políticas locales y extorsiona el 70% de la economía agrícola norteña.
Este pulso no es solo hídrico o antidrogas, sino existencial: Trump, con su decreto de enero que habilita “medidas adicionales” como ataques a instalaciones de carteles, nos obliga a mirarnos en el abismo de nuestra propia negligencia, donde el control territorial se pierde no por invasiones, sino por omisiones que permiten que el plomo y la sed gobiernen en lugar de la ley. Si no reforzamos la CILA con planes reales de tecnificación y desplegamos inteligencia compartida sin ceder soberanía, el Bravo no solo se secará, sino que se convertirá en frontera de guerra, un legado que ninguna mañanera podrá maquillar.
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