Con el firme objetivo de brindar certidumbre jurídica y económica de forma permanente a las personas productoras agropecuarias en Chihuahua, el diputado Oscar Avitia Arellanes, integrante del Grupo Parlamentario de morena propuso reformar la Ley Estatal de Derechos y establecer “tarifa cero” en casetas de peaje carretero para este sector.
Indicó, durante su exposición de motivos, que para la aplicación de la exención prevista, se contempla integrar un registro único de beneficiarios, que en coordinación las secretarías estatales de Hacienda y de Desarrollo Rural se encargarán de integrar, validar y actualizar la información disponible para crear el Padrón Único de Productores del Estado, garantizando que el beneficio llegue exclusivamente a quienes lo necesitan.
Explicó que para asegurar la viabilidad de esta medida, se plantea que los posibles impactos sean financiados con la suma de los excedentes líquidos o remanentes de operación del Fideicomiso Carretero, garantizando que no se afecten los compromisos financieros de la bursatilización mientras se moderniza la administración pública a través de un padrón único tecnológico y auditable.
También mencionó que tal como ya lo había manifestado en Tribuna: “el sector primario es y ha sido la columna vertebral de la economía en Chihuahua”, mediante un exhorto que logró sumar la voluntad política de todos los grupos parlamentarios, sin embargo, la naturaleza jurídica de esta figura limita es un llamado vinculante que deja en la incertidumbre a las personas productoras agrícolas, dejando los posibles beneficios sujetos a la discrecionalidad, cambios de administración o incluso a presiones financieras momentáneas.
“Buscamos reformar la Ley Estatal de Derechos para plasmar un beneficio para las personas productoras agrícolas, bajo el principio de neutralidad financiera, sin pretender reducir la recaudación bruta del Fideicomiso Carretero sino optimizar la distribución de sus excedentes líquidos”, resaltó el legislador.
Cabe destacar que la iniciativa respeta el marco de competencias en materia de concesiones federales, estableciendo que cualquier modificación en las tarifas de tramos concesionados deberá contar con la autorización correspondiente de la autoridad federal competente, salvaguardando así la legalidad y coordinación entre órdenes de gobierno.
Es importante señalar que la bursatilización es una herramienta financiera del pasado que hoy da certidumbre pero no debe ser un techo que limite nuestro crecimiento; “Al utilizar los remanentes para apoyar al campo, que es nuestro motor económico, estamos pasando del discurso a los hechos, transformando una deuda del pasado en una inversión de futuro”, aseguró.
“La reforma propuesta no solo atiende una demanda legítima del sector agropecuario, sino que también constituye una política pública orientada a promover la equidad, la competitividad y el desarrollo sostenible del estado; al reducir las cargas económicas que enfrentan los productores del campo, se impulsa una economía más justa, se fortalecen las cadenas productivas y se contribuye al bienestar de miles de familias chihuahuenses que dependen directa o indirectamente de esta actividad”, apuntó el juarense.
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