En el centro de la ciudad ya se volvió costumbre que cualquier inconformidad termine afectando a terceros. Hay quienes consideran legítimas sus causas y tienen derecho a manifestarse, pero una cosa es exigir atención y otra muy distinta bloquear calles, generar caos vial y complicarle el día a miles de ciudadanos que nada tienen que ver con el conflicto. Durante años, una de las figuras más visibles de este tipo de protestas ha sido Vicky Márquez, quien ha encontrado en el cierre de vialidades una forma recurrente de presión. Sin embargo, cuando la autoridad decidió aplicar la ley y revisar las condiciones en las que operaba su camioneta, la historia cambió. Según informó el subsecretario de Movilidad, César Komaba, la unidad era conducida con licencia vencida, carecía de seguro vigente y además era utilizada para transportar carga y muebles, pese a no estar autorizada para ello, motivos por los cuales fue retirada y puesta bajo resguardo.
Lo interesante del caso es que quienes suelen exigir que las autoridades hagan cumplir las normas no siempre reaccionan de la misma manera cuando esas mismas reglas les son aplicadas. Tras el aseguramiento del vehículo comenzaron las críticas, indirectas y señalamientos contra funcionarios, aunque hasta ahora los propietarios no han acudido a regularizar la situación de la unidad. En medio de todo esto, hay que decir que una de las pocas acciones destacadas que se le recuerdan recientemente a César Komaba al frente de la Subsecretaría de Movilidad es precisamente haber actuado conforme al reglamento en este caso. Quizá retirar una camioneta no resuelva los grandes problemas de movilidad de la ciudad, pero al menos envía un mensaje de que las disposiciones deben cumplirse para todos, incluyendo a quienes acostumbran exigir excepciones mientras afectan la vida cotidiana de los demás.
Lo más divertido de la famosa lista filtrada de candidaturas de Morena para 2027 no es que la dirigencia nacional saliera a decir que era falsa. Lo más divertido es que nadie terminó de creerles, no porque existieran pruebas de su autenticidad, sino porque al revisarla con calma parecía demasiado lógica para ser un simple invento.
Vaya problema, porque cuando una mentira encaja perfectamente con la realidad política, el desmentido suele tener menos credibilidad que el rumor.
Bastó observar los estados, los nombres y la distribución por género para que comenzaran las interpretaciones.
La conclusión de muchos fue inmediata: Morena estaría concentrando sus mejores cartas donde realmente le preocupa perder.
Y entre todos los focos rojos, uno sobresale más que ninguno: Sinaloa.
La tierra donde Morena gobierna, pero donde los problemas de seguridad y el desgaste político han encendido todas las alarmas.
Por eso no pocos observaron la lista y llegaron a la misma conclusión: la prioridad es conservar lo que ya tienen. Primero las plazas propias. Primero los estados donde existe riesgo real. Primero evitar pérdidas.
Lo demás puede esperar; es ahí donde aparecen los casos incómodos, Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes y Chihuahua, estados donde la competencia luce mucho más cerrada o donde, simple y sencillamente, Morena no parte como favorito absoluto.
La lectura política fue cruel, tan cruel que nadie quiso decirla en voz alta, pero terminó circulando en todos lados. ¿Y si la lista realmente reflejaba cuáles estados considera Morena recuperables y cuáles no? Porque, curiosamente, en varios de esos territorios aparecían perfiles que no necesariamente son vistos como las cartas más fuertes del movimiento.
Entonces llegó Chihuahua, La joya de la corona; el estado donde Morena lleva años soñando con sacar al PAN del poder.
El estado donde existe un aspirante que gobierna la ciudad más poblada de la entidad y que aparece constantemente en las encuestas con niveles de competitividad bastante altos: Cruz Pérez Cuéllar.
Sin embargo, en aquella lista maldita, la definición aparecía para mujer, fue entonces cuando comenzaron los nervios. Porque una cosa es defender la paridad y otra muy distinta es la lectura política que muchos hicieron inmediatamente. Si Chihuahua se reservaba para mujer, entonces Cruz quedaba prácticamente fuera.
Y si Cruz quedaba fuera, la pregunta surgió sola: ¿Será que en Morena ya ven perdida la elección? Porque la interpretación que comenzó a circular fue demoledora. No que Andrea Chávez fuera la candidata favorita.
Sino que Andrea Chávez sería la candidata destinada a cargar con una batalla que la dirigencia nacional considera difícil de ganar. Dicho de otra forma: no la candidata para triunfar, sino la candidata para perder. Una conclusión probablemente injusta, pero también inevitable.
Porque si Morena realmente creyera que Chihuahua está al alcance de la mano, muchos se preguntan por qué dejaría fuera al perfil que consideran más competitivo electoralmente.
La respuesta que algunos encuentran es igual de incómoda. Tal vez porque la dirigencia nacional ya hizo cuentas y las cuentas dicen que hay estados donde vale la pena invertir cada peso, cada operador y cada estructura y otros donde el costo de intentar ganar podría ser mayor que el beneficio.
Al final, la lista fue desmentida; la dirigencia dijo que era falsa, los dirigentes la rechazaron, los voceros la desconocieron y probablemente tengan razón.
Pero para desgracia de Morena, el daño ya estaba hecho, porque en política hay rumores que fracasan por absurdos y hay rumores que sobreviven porque parecen demasiado sensatos.
Esta lista pertenece a la segunda categoría; quizá nunca salió de una oficina de Morena, nunca estuvo cerca de una mesa de decisiones, jamás existió, pero dejó sembrada una duda venenosa: ¿Y si Chihuahua no es una prioridad para ganar, sino una derrota calculada?
Por eso el revuelo, por eso las caras largas, por eso la incomodidad, porque a veces una lista falsa revela más de lo que una lista verdadera se atrevería a decir.
En política hay una curiosa costumbre: cuando alguien comienza a incomodar intereses, de repente aparecen las preguntas. ¿Por qué tiene escolta? ¿Quién la autorizó? ¿Cuánto cuesta? ¿Realmente la necesita?
En los últimos días, esas interrogantes han comenzado a surgir alrededor de Carmen Hidalgo, titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
Y aunque la pregunta parece sencilla, la respuesta también lo es, porque pocas áreas del Gobierno Municipal han generado tantas molestias internas como la que encabeza la funcionaria.
Mientras muchos servidores públicos pasan desapercibidos durante años, la labor del Órgano Interno de Control consiste precisamente en hacer lo contrario: revisar, investigar, sancionar y, cuando es necesario, llevar expedientes hasta las últimas consecuencias. Una tarea que rara vez genera aplausos entre quienes son objeto de las investigaciones.
Durante los últimos años, Carmen Hidalgo ha construido una reputación de mano firme dentro de la administración municipal. Particularmente en los casos relacionados con elementos policiacos denunciados por presuntas irregularidades o conductas indebidas.
Algunos expedientes terminaron en sanciones administrativas; otros concluyeron con bajas definitivas y algunos más llegaron hasta la Fiscalía para el desarrollo de investigaciones penales, es decir, decisiones que afectan carreras, ingresos y, en ocasiones, libertades.
Nada de eso ocurre sin generar inconformidades, no ocurre sin crear adversarios sin riesgos. Por esa razón, dentro de los gobiernos modernos, los esquemas de protección personal para determinados funcionarios no necesariamente responden a un privilegio, sino a una evaluación de riesgo derivada de las funciones que desempeñan.
Porque no es lo mismo administrar un programa cultural que investigar presuntos actos de corrupción; no es lo mismo organizar eventos que firmar sanciones; entregar apoyos que iniciar procedimientos que pueden terminar en despidos o denuncias penales. La diferencia es enorme; además, existe otro elemento que suele pasar desapercibido.
La titular del Órgano Interno de Control no responde políticamente al alcalde en la toma de sus decisiones técnicas. Su función está diseñada precisamente para contar con autonomía en los procesos de vigilancia y fiscalización interna. Esa autonomía, que es indispensable para garantizar imparcialidad, también implica asumir responsabilidades que muchas veces resultan incómodas para diversos actores.
En otras palabras, su trabajo consiste en señalar cuando algo está mal, sin importar quién sea el involucrado, una tarea poco popular pero necesaria, por eso, más que preguntarse por qué tiene escolta, quizá la pregunta correcta sea otra:
¿Cuántos funcionarios están dispuestos a firmar sanciones, enfrentar presiones y sostener investigaciones que afectan intereses sin algún tipo de protección institucional? Porque combatir la corrupción suele ser una exigencia muy popular hasta que llega el momento de hacerlo y cuando alguien realmente empieza a poner orden, casi siempre termina pagando un costo; a veces político, profesional y en ocasiones, por simple prevención, también en materia de seguridad.
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